El drama de la casa "en el aire" en Cartagena, Por: REVISTA SEMANA

El drama de 108 familias en Cartagena crece después de que un juez ordenó a la ciudad evacuar 16 edificios que tendrían fallas estructurales y pagarles los costos de reubicación. Mientras hay dudas sobre los estudios que soportan esta medida, otras 48 torres están en la mira.

 

Nazly Buelvas y su esposo, Rafael Buelvas, oriundos de San José de Lata, corregimiento de El Guamo (Bolívar), invirtieron los 40 millones de pesos que habían logrado ahorrar y con un préstamo bancario de 90 millones compraron el apartamento 302 en el edificio Villa Vanessa en el barrio Escallón Villa, donde viven con 2 hijas y 2 nietos.

 

“Somos campesinos –dice Nazly–. Nos vinimos a la ciudad para que nuestras hijas estudiaran y hoy son profesionales. Antes de comprar el apartamento vivíamos a dos cuadras y un día entré a ver, pero me dijeron que ya estaban vendidos. Pero a los dos días me avisaron que una persona se había arrepentido, y terminamos haciendo el negocio. Mi esposo duerme tranquilamente, pero yo no”.

 

Al igual que los Buelvas, otras 107 familias compraron apartamentos a los hermanos Emis, Eusebio, Wilfran y María Quiroz Ruiz, los mismos constructores del edificio Blas de Lezo II, que se desplomó en abril pasado y dejó 21 personas muertas y a la institucionalidad de la construcción cartagenera temblando. Las nuevas víctimas deben dejar sus casas porque los constructores habrían incumplido los trámites para obtener la licencia de construcción ante la Curaduría o porque se levantaron con licencias clonadas de proyectos legales. De ese modo, edificios diseñados para 4 o 5 pisos terminaban con 2 o 3 de más, sin guardar los retiros laterales.

 

Tras ese desplome salió a la luz lo que el superintendente de Notariado ha llamado el cartel de las construcciones, en el que unos empresarios compran lotes en barrios populares o de estrato medio y levantan edificios que violan todas las normas.

 

 

En el caso de Cartagena, cuando cayó el edificio la Procuraduría General suspendió al alcalde Manolo Duque y ordenó iniciar un plan de normalización ante las evidencias de que 95 edificaciones no cumplían los requisitos legales. Algunas obras fueron selladas, y los inspectores de Policía de las tres localidades, los curadores urbanos, los jefes de las oficinas de control, los secretarios de Planeación de varias administraciones y hasta alcaldes están en la mira por haber permitido estas obras.

 

Para determinar el estado de estos edificios, el aún alcalde Duque suscribió un convenio con la Universidad de Cartagena para que, realizara un estudio de patología estructural y vulnerabilidad sísmica de 16 edificaciones ubicadas en los barrios Blas de Lezo, El Socorro, Escallón Villa, Los Alpes, Los Caracoles y Alto Bosque, todos de estrato medio.

 

A finales del año pasado, la universidad entregó el informe y recomendó evacuar 16 edificios por el inminente riesgo de desplome. El estudio clasificó a 6 en estado de riesgo uno (en cualquier momento se caen), otros 6 en el grupo dos (riesgo menos grave) y un tercer grupo, de 4 edificios, que se podrían caer si tiembla.

 

Las dudas han aumentado aún más la zozobra de los propietarios, que hoy no conocen la realidad de los edificios que habitan. Duermen con miedo, pero tampoco se quieren ir por el miedo a perder lo poco que tienen, y mucho menos irse a un coliseo con sus niños y familiares mayores, como planteaba el Distrito. Nadie se mudó.

 

 

 

Las víctimas habían solicitado suspender el cobro de los créditos, a lo cual no accedió la jueza, pero ya el Distrito, en reunión realizada hace dos semanas en la Alcaldía, había convocado a la Superintendencia Financiera, de Sociedades, de Industria y Comercio y Notariado para apoyar las medidas en beneficio de los propietarios. Pero la jueza sí ordenó al Distrito suspender el cobro del impuesto predial y convocar a las empresas de servicios públicos para suspender el cobro; y, finalmente, a contratar un servicio de seguridad para proteger los bienes.

 

SEMANA intentó obtener del Distrito una respuesta sobre las medidas que debe adoptar, pero están esperando la decisión a una apelación presentada por el abogado del Distrito, Alberto Morales Támara. Este sostiene que hacer las cosas como ordena la jueza sería ir contra la ley, que estipula un pago de 250.000 pesos por cada apartamento, mientras que para un apartamento de estrato 3 o 4 puede costar entre 1.200.000 y 1.600.000 pesos.

 

Alberto Vélez Baena, abogado de los propietarios del Villa Vanessa, sostiene que ni el estudio de la Udec ni las apreciaciones de algunos expertos como el ingeniero Rocha les dan seguridad a los propietarios. Mientras eso ocurre, solo está clara la responsabilidad del Distrito por el desorden administrativo y la omisión de vigilancia y control. El Distrito, agrega Vélez, intenta eludir su responsabilidad y a la fecha no ha hecho el estudio de cuánto vale evacuar y reubicar a cada propietario de acuerdo con lo ordenado por la jueza.

 

Al cierre de esta edición, la Fiscalía General ordenó la captura de 9 miembros del clan Quiroz a quienes les imputarán los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, urbanización ilegal, falsedad en documento público y estafa en masa. Para reparar a las víctimas, el organismo solicitó medidas cautelares de 93 apartamentos, 10 lotes, 19 vehículos y varias sociedades de propiedad de estos urbanizadores.

 

Pese a esta medida, las finanzas de Cartagena enfrentan un panorama grave, pues la ciudad deberá ordenar estudios estructurales en otros 48 edificios para determinar si están bien construidos, más aún si los levantaron precisamente los Quiroz Ruiz. Por estas y otras razones, muchos en el Corralito de Piedra sienten que viven en una casa en el aire.